- Las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúen como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones

- Las comunicaciones comerciales por vía electrónica

- La información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos

- Las condiciones relativas a su validez y eficacia

- El régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.

La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales.

La gestión de compras en la red por grupos de personas.

El envío de comunicaciones comerciales.

El suministro de información por vía telemática.

El vídeo bajo demanda, como servicio en que el usuario puede seleccionar a través de la red, tanto el programa deseado como el momento de su suministro y recepción, y en general, la distribución de contenidos previa petición individual.

Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex.

El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo utilizan.

Los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos los servicios de cuasivídeo a la carta), contemplados en el artículo 3.a) de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, del Consejo, de 3 de Octubre, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, o cualquier otra que la sustituya.

Los servicios de radiodifusión sonora, y el teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas.